Jonathan Walker
Twitter anunció la prohibición de 373 cuentas vinculadas a los gobiernos de Irán, Rusia y Armenia.
Estas cuentas infringían las políticas de la plataforma al «socavar la fe en la alianza de la OTAN y su estabilidad».
Cabe recalcar que alrededor de dos tercios de las cuentas eran de origen iraní.
Se descubrió que ciento treinta cuentas habían intentado perturbar el debate público, durante la carrera presidencial de 2020 en Estados Unidos y fueron eliminadas después de que el FBI proporcionara Intel.
Entre ellas dos redes operaban desde Rusia, 69 perfiles se dedicaban a socavar la OTAN y a potenciar la narrativa de Moscú. 31 difundían propaganda rusa contra la Unión Europea y Estados Unidos.
Treinta y cinco cuentas vinculadas al gobierno armenio difundían narrativas favorables a Armenia y desfavorables a Azerbaiyán.
Algunas de ellas decían ser personalidades políticas de Azerbaiyán, pero operaban en forma de spam.
Ante esto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, arremetió contra Twitter, acusando a la plataforma de promover la «dictadura occidental», expresando en un comunicado:
«Tenemos que constatar una vez más que Twitter se está degenerando rápidamente de una plataforma de debate independiente, a una herramienta de dictadura digital global en manos del establishment occidental…
Cabe señalar que las cuentas de Twitter de los Estados occidentales no son objeto de tales operaciones punitivas, a pesar de que la información que se publica en ellas es a veces deliberadamente falsa».
La «libre opinión» condicionada por las redes sociales
María Zakharova afirmó que el bloqueo no legal de cuentas por parte de Twitter, por criterios poco transparentes, es inaceptable, ya que socava la confianza en las redes sociales, al ser un espacio en donde supuestamente la gente puede intercambiar opiniones libremente.
Zakharova señaló que millones de usuarios podrían ser clasificados como ilegítimos según la definición de Twitter.
Por ejemplo, señaló al disidente ruso Alexei Navalny y a sus seguidores que realizan operaciones de influencia en Occidente.
La portavoz dijo que su oficina revisaría la prohibición de Twitter y posteriormente daría una opinión experta sobre la cuestión.
La prohibición arbitraria de cuentas y publicaciones por parte de Twitter, ha suscitado amplias críticas en los últimos meses.
Durante su mandato presidencial, la plataforma vetó a Trump, lo que provocó una gran conmoción y suscitó la preocupación de que la empresa pudiera haberse vuelto tan poderosa, como para requerir algún tipo de regulación.
En la India, Twitter se enfrentó al gobierno federal, negándose a eliminar ciertas cuentas que la administración solicitaba.
Finalmente, Twitter tuvo que acceder a las demandas de Nueva Delhi y el gobierno anunció nuevas normas para garantizar que la plataforma se adhiera a las leyes del país.
Multas por censura
Dada la creciente incidencia de la censura en las redes sociales, el senador republicano Curt Friesen, de Nebraska, propuso una ley que obligará a las plataformas en línea a notificar cualquier anomalía.
La notificación tendrá que ser por escrito, dirigida a cualquier usuario cuya cuenta sea suspendida, censurada o inhabilitada.
El aviso debe emitirse en un plazo de 30 días desde la acción.
Desde su inicio, el proyecto de ley se dirige a los sitios de redes sociales que tienen más de 75 millones de usuarios y no están afiliados a ningún partido político o religión.
Friesen dijo en un comunicado:
«Aunque comprendo la importancia de prevenir la violencia, los «gigantes» de las redes sociales que no rinden cuentas -y que sólo responden ante sus accionistas- no son las entidades adecuadas para tomar este tipo de decisiones.
Especialmente cuando estas decisiones pueden tomarse por cualquier motivo, sin ningún tipo de proceso o responsabilidad».
Si se determina que las acciones del sitio de medios sociales hayan violado las protecciones de la Primera Enmienda, el operador o propietario de la plataforma será multado con 100.000 dólares por violación.
Las multas recaudadas se depositarán en la tesorería del estado, para apoyar a las escuelas públicas.
