Las sanciones en el decreto ejecutivo sobre interferencia extranjera en una elección de los EE.UU. cobran importancia

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Nspirement Staff
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La Orden Ejecutiva 13848, titulada Imposición de ciertas sanciones en caso de interferencia extranjera en una elección de los Estados Unidos, fue emitida  hace más de dos años, el 12 de septiembre de 2018, por el Presidente Donald Trump.

Interferencia extranjera

La Orden Ejecutiva se emitió bajo una luz peculiar en ese momento, ya que Trump todavía estaba implicado en el colapsado escándalo del Russiagate, que fue falsamente pregonado por Hillary Clinton, gran parte del Partido Demócrata, y casi todos los principales medios de comunicación que afirmaban que Trump había ganado las elecciones de 2016 debido a la injerencia extranjera llevada a cabo por Rusia.

Sin embargo, la Orden Ejecutiva 13848 puede dar al presidente Trump y a su equipo algo de energía bien programada y muy necesaria para hacer frente a las irregularidades electorales de hoy.

En particular, le da al presidente la capacidad de demostrar que el fraude es real en las elecciones de este año y no, como muchos afirman, solo una colección de alegatos ilusorios que carecen de evidencia de un presidente impopular que no quiere admitir que más estadounidenses votaron por Joe Biden que él mismo.

Lo que dice…

El preámbulo de la orden ejecutiva dice:

“Aunque no ha habido evidencia de que una potencia extranjera altere el resultado o la tabulación de votos en ninguna elección de los Estados Unidos, las potencias extranjeras históricamente han buscado explotar el sistema político libre y abierto de Estados Unidos.

En los últimos años, la proliferación de dispositivos digitales y de comunicaciones por Internet ha creado vulnerabilidades importantes y ha magnificado el alcance y la intensidad de la amenaza de interferencia extranjera, como se ilustra en la Evaluación de la comunidad de inteligencia de 2017″.

“Por la presente declaro emergencia nacional para hacer frente a esta amenaza”.

Esta emergencia nacional, que ha estado en vigor desde la fecha en que se emitió la orden ejecutiva, le da al Director de Inteligencia Nacional John Ratcliffe hasta 45 días después de una elección nacional para iniciar una evaluación de cualquier información que pueda indicar un “gobierno extranjero, o cualquier persona que actúa como agente o en nombre de un gobierno extranjero, ha actuado con la intención o el propósito de interferir en esa elección”.

El director de inteligencia nacional, John Ratcliffe, fue postulado por Trump el año pasado. Pero después de una intensa oposición del Senado fue ratificado en mayo pasado. Dentro de sus funciones el director supervisa 17 agencias de inteligencia, incluyendo la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. (imagen captura de pantalla: La razón/ Doug Mills/Pool EFE)

Evaluando

En otras palabras, la orden ejecutiva requiere que Ratcliffe y su equipo comiencen la evaluación a más tardar el viernes 18 de diciembre de 2020.

La orden ejecutiva exige una identificación completa y exhaustiva de “cualquier interferencia extranjera y cualquier método empleado para ejecutarla, las personas involucradas y el gobierno o gobiernos extranjeros que la autorizaron, dirigieron, patrocinaron o apoyaron [a la interferencia]”.

Ratcliffe deberá presentar la evaluación y cualquier información de apoyo relevante al presidente, al secretario de Estado Mike Pompeo, al secretario del Tesoro Steve Mnuchin, al secretario de Defensa Christopher Miller, al fiscal general William Barr y al secretario de Seguridad Nacional Chad Wolf.

La orden ejecutiva requiere además que Barr y Wolf, dentro de los 45 días de recibir la evaluación de Ratcliffe, presenten al presidente, al secretario de Estado, al secretario del Tesoro y al secretario de Defensa su propio informe.

Sección 1.(c)

La sección 1. (c) de la orden ejecutiva requiere específicamente que los jefes de todos los departamentos del gobierno de los Estados Unidos cumplan con la investigación de Ratcliffe

La orden ejecutiva también requirió que los Secretarios y el Fiscal General hubieran elaborado un marco “para el proceso que se utilizará para cumplir con sus respectivas responsabilidades de conformidad con esta orden” 30 días después de la fecha del 12 de septiembre de 2018 en que se emitió la orden ejecutiva.

Esto significa que una metodología para investigar el fraude electoral en el extranjero debería haberse establecido hace mucho tiempo y estar en vigor antes de que se celebraran las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Sidney Powell, que está llevando a cabo un litigio por fraude electoral independientemente del equipo de Trump, tiene actualmente múltiples demandas presentadas ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación con acusaciones de fraude e interferencia extranjera.

Le dijo a The Epoch Times:

“Cada máquina, cada máquina de votación en el país debería ser confiscada ahora mismo. Hay francamente, más que suficiente causa probable criminal para justificar eso, para cualquiera que esté dispuesto a abordar la ley y los hechos puramente sobre la base de la verdad y no de la política, o la codicia corporativa, o la riqueza global”.

“Bajo los poderes de emergencia, incluso podría nombrar a un fiscal especial para investigar esto, que es exactamente lo que debe suceder”

Orden ejecutiva

La orden ejecutiva autoriza la imposición de sanciones a quienes “hayan participado directa o indirectamente en una elección en los Estados Unidos, la hayan patrocinado, la hayan ocultado o hayan sido cómplices de otro modo en una interferencia extranjera”; otorgando al Secretario de Estado, el Tesoro, la Seguridad Nacional y el Fiscal General la capacidad de bloquear todos los “bienes e intereses de propiedad” en los Estados Unidos ahora o en el futuro, o que estén bajo el control de cualquier persona estadounidense, de modo que no se pueda acceder a ellos, transferirlos o venderlos.

Las sanciones también impiden que cualquier institución financiera en los EE.UU. proporcione préstamos, crédito o transacciones de cambio de divisas, y la compra de deudas o capital relacionado con dicha entidad sancionada.

En particular, las sanciones se aplican poderosamente a las “entidades comerciales más grandes con licencia o domiciliadas en un país cuyo gobierno autorizó, dirigió, patrocinó o apoyó la interferencia electoral”; y pueden aplicarse a “Al menos una entidad de cada uno de los siguientes sectores: financiero servicios, defensa, energía, tecnología y transporte (o, si no es aplicable a las entidades comerciales más grandes de ese país, sectores de importancia estratégica comparable a ese gobierno extranjero)”.

La veterana abogada litigante Leigh Dundas dijo en un video de noviembre de 2020 en su canal de Youtube, que esto podría tener enormes consecuencias para países como Canadá y España:

“Según Bloomberg, los sistemas de votación Dominion es el mayor proveedor de sistemas electorales de Canadá y la compañía tiene su sede en Toronto”.

Dundas señaló la conexión de España con el director del Foro Económico Mundial, George Soros, a través de una empresa llamada SCYTL, con sede en Barcelona.

Soros es un inversionista y filántropo multimillonario conocido por apoyar financieramente la política liberal y progresista, y SCYTL es un proveedor español de tecnología y sistemas de votación electrónica.

Leigh Dundas habla sobre la orden ejecutiva de Trump en su propio canal de Youtube. (Fuente: captura de pantalla de Youtube)

Interferencia electoral

“El comunicado de prensa de SCYTL señala que sigue recibiendo el reconocimiento de expertos electorales de diversas organizaciones, entre ellas una empresa conocida como Ovum, cuyo analista de investigación Nishant Shah enumera una afiliación a la Coalición Mundial de Empresas.

Esta Coalición Mundial de Empresas tuvo como su partidario fundador a George Soros”.

“Nishant Shah también está conectada a la Fundación Acumen, donde la hija de George Soros forma parte de su junta”,

dijo.

Dundas también señaló que la narrativa de la primera frase del decreto ejecutivo, “distribución encubierta de propaganda y desinformación” puede poner en peligro fatalmente a los medios de comunicación principales y a las empresas de medios sociales si se descubre que han actuado en colisión con una potencia extranjera.

La orden ejecutiva aclara específicamente el uso del término “encubierto“: “el término ‘encubierto’, con respecto a una acción o intento de acción, significa que se caracteriza por una intención o una aparente intención de que el papel de un gobierno extranjero no sea aparente o reconocido públicamente”.

Sidney Powell dijo que, si el director Ratcliffe completara sus funciones de acuerdo con la orden ejecutiva:

“Dejará boquiabiertos a todos los ciudadanos del país que estén dispuestos a ver la verdad y los hechos”.

“Porque nunca, nunca hemos presenciado algo como esto en la historia de este país. Y hay que detenerlo ahora mismo o nunca habrá elecciones libres y justas”.

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