Por: Kanzhonguo staff
La Audiencia Nacional española dictó el pasado lunes 10 de febrero una orden internacional de búsqueda y captura contra el ex presidente de China, Jiang Zemin, el ex primer ministro Li Peng, el ex jefe de seguridad de China, Qiao Shi; el dirigente del Partido Comunista Chino en el Tíbet, Chen Kuiyuan; y la ex ministra de Planificación Familiar, Peng Peiyun, por los delitos de genocidio en el Tíbet.
Estas órdenes de detención se emitieron después de que el pasado 19 de noviembre la Sala Penal de la Audiencia las aprobara por el juez Ismael Moreno, por considerar que participaron en ataques contra esa población tibetana entre finales de los años 80 e inicios de los 90.
Ante esto, la cancillería de Pekín por su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, el martes 11 de febrero dio respuesta diciendo que se trata de una “decisión errónea y totalmente opuesta a las acciones equivocadas adoptadas por un relevante órgano español ignorando la solemne posición de China«. También señaló que: “nunca tendrán éxito los intentos por mancillar el nombre de China en el extranjero con casos como el del Tíbet”.
Finalmente, advirtió que esperaría a que España resolviera el asunto de manera apropiada porque el asunto está relacionado con el buen desarrollo principalmente económico entre ambas naciones.
El gobierno español por su parte ante esta presión aprobó la eliminación de la justicia universal para que así se cierren los casos polémicos como el genocidio en el Tíbet.
Lo anterior sin lugar a dudas nos muestra una vez más que las presiones económicas son más fuertes que las injusticias de lesa humanidad cometidas por miembros del Partido Comunista de China.
