Un nuevo informe del experto en China Adrian Zenz, revela que China está llevando a cabo campañas de esterilización forzada a mujeres uigures de la región de Xinjiang, en un intento de reducir la población de la comunidad.
Zenz advierte que estas políticas chinas equivalen a un genocidio demográfico y quiere una investigación internacional sobre el asunto.
Esterilización forzada
El informe utiliza datos y documentos del gobierno chino, para demostrar cómo la administración está reprimiendo los derechos reproductivos de las minorías uigures.
Las mujeres de esa comunidad, así como las de otras comunidades minoritarias, están al parecer amenazadas con ser detenidas, en caso de que no acaten las políticas reproductivas establecidas por el Estado.
Algunas mujeres uigures están siendo obligadas a entrar a campos de trabajos forzados. Entre las acciones que pueden ser castigadas, se encuentran el exceso de cuotas de nacimientos o la negativa a realizarse abortos.
En algunas zonas, se ha pedido a las mujeres que utilicen dispositivos anticonceptivos intrauterinos (DIU); aunque no han violado la norma legal de tener dos hijos. Algunos informes también muestran que las mujeres reciben inyecciones que bloquean sus períodos menstruales.
En las zonas rurales, con bastante frecuencia las mujeres uigures tienen que someterse a pruebas obligatorias de embarazo y a otros exámenes ginecológicos. Como resultado de estas actividades de esterilización y control de la natalidad, la población de Xinjiang ha disminuido drásticamente en los últimos años.
Control de población
Según el informe, entre 2015 y 2018 el crecimiento de la población, en dos de las mayores prefecturas uigures, se redujo en un 84 por ciento. Zenz señala que esto es una señal de las despiadadas acciones de control de la población.
Casi el 80 por ciento de todas las colocaciones de DIU en China para 2018, se realizaron en Xinjiang, a pesar de que la región sólo representa alrededor del 1,8 por ciento de la población nacional.
Beijing también está ofreciendo a la etnia Han de otras regiones, incentivos como trabajos y tierras para atraerlos a establecerse en Xinjiang.
El Partido Comunista Chino está promoviendo los matrimonios mixtos entre los hombres han y las mujeres uigures, especialmente las mujeres cuyos maridos han sido enviados a campos de detención.
La ministra de asuntos exteriores australiana Marise Payne declaró que su gobierno está preocupado por cómo Beijing está tratando a los uigures.
«Nuestras preocupaciones se ven agravadas por los informes de medidas de control de la natalidad y esterilizaciones forzadas, dirigidas a estos grupos…
En múltiples ocasiones hemos planteado nuestras preocupaciones sobre la situación en Xinjiang a los funcionarios del gobierno chino y he discutido este tema directamente con mi homólogo, el Consejero de Estado Wang Yi»,
comentó, según informó SBS News.
El Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ha calificado el informe de «escandaloso» y ha pedido al Partido Comunista Chino que ponga fin a tales prácticas horribles.
Criticó al Partido por su «total desprecio por la santidad de la vida humana».
Investigación de genocidio
El movimiento de despertar nacional del Turquestán Oriental y el Gobierno del Turquestán Oriental en el Exilio, se dirigieron recientemente a la Corte Penal Internacional (CPI) y solicitaron una investigación sobre las atrocidades cometidas por funcionarios chinos, contra los uigures, incluido el Presidente Xi Jinping.
Han presentado pruebas al respecto. En la solicitud se afirma que miembros de la comunidad uigur fueron deportados ilegalmente de lugares como Camboya y Tayikistán a Xinjiang, donde terminaron siendo encarcelados y torturados.
Los abogados que representan a los grupos sostienen que, dado que los delitos tuvieron lugar en Tayikistán y en Camboya; dos países que firmaron el Estatuto de Roma según lo establecido por la Corte Penal Internacional, el tribunal tiene pleno derecho a dictar sentencia sobre la cuestión.
Una organización llamada «Campaña en favor de los uigures» señaló que el Gobierno chino había incumplido el contrato de «Prevención del Genocidio» que habían firmado ante la comunidad internacional.
Como tal, la organización ha recomendado que el panel del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; despoje a China de su estatus de participación.
